El regreso de Picapiedra

Regreso a casa por un par de días para resolver algunos asuntillos y, tras visitar mis sitios habituales, me detengo en este reportaje en El País sobre la situación y las previsiones a día de hoy de la economía más poderosa del mundo.

Uno de los datos que se aportan:

Hay otro dato demoledor: un 22% de los propietarios deben más a los bancos de lo que valen sus casas. Incluso en el caso de que una familia cumpla con las mensualidades, en esta situación no pueden refinanciar los préstamos para obtener un efectivo con el que pagar los estudios de los hijos o gastos extraordinarios.

Es decir, la educación y la salud de toda la familia seriamente mermadas en un país dónde el derecho a la sanidad universal no puede ser siquiera nombrada por su presidente debido a la satanización que durante más de sesenta años se ha echo allí del tema, ¡tachándolo con tintes despectivos como una medida socialista!

Por cierto, en los Estados Unidos de América el despido libre existe desde los tiempos de maricastaña.

Las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos.

Manifestamos:
El día 19 de mayo del 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión que limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional” y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.

Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional ú otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto.

Con esta decisión no se ha tenido en cuenta:

Que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.
Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.
Que lamentablemente la mayoría de países en los que se cometen estos crímenes, no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derechos internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para la Comunidad Internacional.
Que el Artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir
Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley en contradicción con la naturaleza de estos delitos y la aspiración compartida de su persecución universal. Que asimismo, en la sentencia de la causa Schilingo la Audiencia Nacional reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes).
Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.
Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.

Por todo lo anterior decimos:

Que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.
Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.
Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales (Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.
Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de lo estados, sino que es la propia Comunidad Internacional la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.

Por todo ello:

Deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.
Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.
Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.
Solicitamos por tanto al Senado español, que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados.
Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos.

Organizaciones que apoyan este Manifiesto
ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Salvador Allende-España, Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-Sáhara, Confederación Sindical de CC.OO, Paz con Dignidad, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación Internacional de Derechos Humanos, IEPALA, Izquierda Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Unión General de Trabajadores(UGT), Unión Sindical Obrera, Womens Link Wordwide.

Vía Moscas en la sopa

Puedes adherirte al Manifiesto contra la Impunidad escribiendo un correo electrónico a esta dirección.

También puedes difundir el Manifiesto contra la Impunidad en tus redes sociales.

Algunos sitios que se han adherido y difundido el Manifiesto contra la Impunidad y por la Justicia Universal:

La mirada del Mendigo, 1m2, Otro mundo es posible, Kabila, El bloc de Joan Josep Nuet, Maldice, que no es poco, Rincón solidario del IES Gran Capitán, Basseta, La Loc@, Jaume Satorra, El kaleidoskopio de Gabalui, Al este de Epem, Principio de incertidumbre, Enfoca-Enfocate, Tu opinión sí cuenta, Meridiano 0,

Durante los próximos días lo único de lo que voy a escribir es la lista de la compra.

En los libros de estilo de toda democracia fetén defensora de las libertades y bla bla bla figura de forma destacada el principio con los terroristas no se negocia. 

En los libros de estilo de toda democracia fetén también existe la letra pequeña.

En las democracias no participativas, dónde el papel que juega la ciudadanía se limita a emitir un voto cada equis tiempo y son los partidos politicos quienes administran ese voto y lo utilizan como coartada para aquellas decisiones que toman mientras dure su parcela de poder, una de las formas de conocer los deseos del pueblo es recurrir a lo que en el mundo empresarial se conoce como estudios de mercado (la analogía no es casual).

El Euskobarómetro es el nombre de un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco que estudia el comportamiento político y la opinión de la ciudadanía vasca, y cuyos resultados más relevantes hace públicos cada primavera y cada otoño. De la oleada del Euskobarómetro correspondiente a Mayo de 2009 (pdf) quiero destacar y comentar los siguientes datos:

El 61% de la ciudadanía vasca está en contra del pacto de estabilidad firmado por el PSE y el PP.

No me ha sorprendido que el 32% de los que han declarado que han votado PSE se muestren disconformes con dicho pacto.  Patxi López prometió en su campaña que jamás se produciría un acuerdo de esas características y ello le reportó no pocos votos de personas confiadas en la palabra de su candidato. Jamás podremos saber si esas personas hubieran votado lo que votaron sabiendo lo que han sabido después.

El 79% tenía decidido su voto antes de la campaña electoral, un 13% se decidió durante la campaña y un 6% el día de las elecciones.

No tengo manera de saber que coste económico representó a la totalidad de partidos que se presentaron la campaña electoral a las elecciones del pasado 1 de marzo. Seguramente la suma sea una barbaridad. De lo que no me cabe la menor duda es que ese coste será asumido por la totalidad del pueblo de manera directa o indirecta. ¿No hay alguna forma de dirigir la campaña únicamente a ese 20% de personas indecisas de tal manera que sean los solicitantes de información quienes la reciban? El resto de personas tenemos cuatro años para examinar las candidaturas y el coste sale de nuestros bolsillos vía gastos en publicaciones, conexiones a internet y tiempo de dedicación.

El 40% se declara autonomista, un 29% dice ser partidario de un estado federal y un 24% opta por el independentismo.

Supongo que hasta que ese 40% de autonomistas no aumente en 11 puntos, como mínimo, y crezca de manera consecutiva durante  años,  aquí no habrá forma de tener un referéndum dónde se pregunte directamente y de manera vinculante al pueblo ¿qué tipo de relación quieres que Euskadi mantenga con España? Porque para preguntar al pueblo qué es lo que desea y correr el riesgo de que los deseos del pueblo no se correspondan con los deseos de los gobernantes, mejor dejamos las cosas como están ¿o no?

Imagen vía Mundial.

Puedes seguir los últimos acontecimientos en Honduras en teleSUR o en los canales de youtube TVLZ y puebloalzao2 (gracias Kuomodo)

Esta noche he visto y oído como el ejército hondureño disparaba contra su pueblo. De momento llevan contabilizados tres muertos (más fotografias en este enlace)

Estoy escuchando a Lou Reed.

Por primera vez en muchos años tengo por delante más de ochenta días "de vacaciones"  ¡¡¿¿??!! que voy a dedicar a cuidar a la familia y a cuidarme a mí.

Han sido meses duros. No es una queja. Hay millones de personas pasándolas putas de verdad, muchas de ellas sin nada que llevarse a la boca. Pero han sido meses duros.

En septiembre mi compi y yo decidimos que había llegado el momento de ampliar la familia y para principios de octubre ya sabíamos que la gestación había empezado. Dos semanas después notificaron a Beatriz y el resto de las quince personas que formaban la plantilla que estaban despedidas. Vale, no hay problema. Suelta la pasta que me piro y ganas no me faltan, y dámela toda porque estoy en periodo de media jornada por cuidado de un hijo menor de ocho años y el despido, si yo quiero, es nulo. Los muy cabrones, con la inestimable ayuda de la delegada sindical de la empresa y la representante del sindicato ELA, sólo ofrecen 33 días por año. Y una mierda, vamos a juicio, que conozco un abogado laboralista en Bilbao que tiene los cojones negros del humo de mil batallas. Tres meses después, a las puertas del juzgado y sin necesidad de juicio, llegamos a un acuerdo con la otra parte: cuarenta y cinco días por año, reconocimiento por parte de la empresa de la vinculación de ocho años anterior al contrato de indefinida y salarios de tramitación. A la mierda, payaso (es el presidente de la empresa que acabó pasando por el aro). Pero siempre salen ganando. De las quince personas despedidas, tan sólo dos quisieron llegar hasta al final. Y la empresa continúa funcionando con chavalitas más jóvenes y más sumisas, no vaya a ser que las despidan.

Yo, como siempre pero cada vez peor. ¿Has visto Glengarry Glen Ross? Pues igual pero en el sector publicitario. Una multinacional pasándolas canutas y haciéndoselo pasar canutas a quien allí presta servicios. Eso sí, el desperdicio de recursos económicos a partir de categorias medias/altas no tiene fondo. Tengo más de ochenta días para decidir si vuelvo o empiezo de cero en otro sitio. Tengo la edad, capacidad y madurez necesaria para volver a empezar. Lo he hecho en otras ocasiones, pero ya no estoy solo.

Mi familia y mis amigos, aún conociéndome bien, siguen queriéndome. Lo demás tiene remedio.

Sigo escuchando a Lou Reed.

Pincha sobre la imagen para ver el reportaje que el programa En portada emitió el pasado 24 de mayo sobre el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría, uno de los representantes de la Teología de la Liberación.

Antonio Parreño, autor del reportaje, presenta su trabajo y puedes leer la entrevista íntegra al general René Emilio Ponce contra quien se han abierto diligencias en la Audiencia Nacional española acogiéndose al principio de justicia universal que recientemente ha sido reformada de forma vergonzosa.

Hubiera preferido que el reportaje ahondará más en la obra y pensamiento de Ellacuría, pero no deja de tener interés recordar la convulsa situación político y social centro y suramericana de hace unos pocos años, aunque  sólo sea para tener referencias de lo que puede volver a pasar.

Editorial de la revista de Amnistía Internacional de junio de 2009:

La presentación del Informe 2009 de Amnistía Internacional ha coincidido con el lanzamiento público de la campaña, Exige Dignidad, que implica un nuevo reto para el movimiento.

Hace casi 50 años, Amnistía Internacional nació para pedir la liberación de los presos de conciencia. Hoy exigimos también dinidad para los presos de la pobreza.

Movilizaremos a la población mundial para abordar los abusos que conducen a la pobreza y la agravan, así como las situaciones de pobreza que generan violaciones de derechos humanos.

El auge de la pobreza ha generado la negación de los derechos económicos y sociales. Pero no sólo eso, las personas que viven en la pobreza a menudo ven también vulnerados sus derechos políticos y civiles.

En su lucha por atajar la crisis económica, los máximos responsables políticos y empresariales han relegado a un segundo plano los problemas relacionados con los derechos humanos.

La recesión va acompañada de mayor represión: se sofocan las protestas y se ataca a defensores de los derechos humanos y a periodistas, entre otros.

No se invierte seriamente en la resolución de los conflictos armados de larga duración o de la violencia extremista creciente.

Los gobiernos han seguido aplicando o consintiendo políticas abiertas o encubiertas de discriminación, marginación y exclusión, con la complicidad de agentes empresariales o particulares.

Se necesitan soluciones globales

La falta de comida, empleo, agua no contaminada, tierra y vivienda, junto con el aumento de la desigualdad y la inseguridad, la xenofobia y el racismo, la violencia y la represión, conforman una crisis mundial que requiere saluciones globales basadas en la cooperación internacional, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Por desgracia, los gobiernos poderosos están volviendo la mirada hacia sí mismos, tratando de atajar exclusivamente poblemas económicos y financieros en sus propios países y haciendo caso omiso de la crisis mundial que los rodea. Si en algún momento se plantean emprender acciones de ámbito internacional, se limitan a la economía y a las finanzas, con lo que reproducen los errores del pasado.

Muchas voces expertas señalan que millones de personas han sido rescatadas de la pobreza gracias al crecimiento económico, pero son muchas más las que siguen en la misma situación. Los progresos han sido demasiado frágiles y el coste en derechos humanos, demasiado elevado.

Un nuevo liderazgo

El mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo distinto de política y también de economía, algo que funcione para todas las personas, y no únicamente para unos pocos privilegiados. Necesitamos lideres que propicien en los Estados el cambio de los intereses propios nacionales y de la estrechez de miras a la colaboración multilateral, para que las soluciones sean intregradoras, completas, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos.

Debe ponerse fín a las alianzas forjadas entre gobiernos y empresas con afán de enriquecerse a expensas de los sectores marginados. Deben desaparecer los pactos de conveniencia que eximen a gobiernos abusivos de la rendición de cuentas.

El G-20 debe abrazar los valores universales y enfrentarse a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en su relación con los derechos humanos. El gobierno estadounidense de Obama ha empezado con buen pie pero, aún le queda mucho por hacer, y tanto o más les queda por delante a China y otros países.

Para reactivar la economía mundial es indispensable buscar soluciones a los peores conflictos del mundo y a la amenaza creciente de la violencia extremista a través de un mayor respeto de los derechos humanos.

Objetivos

La campaña Exige Dignidad busca poner fín a las violaciones de derechos humanos que llevan a las personas a la pobreza y que las mantienen sumidas en ella.

Buscaremos avances en tres campos: la rendición de cuentas, tanto de gobiernos como de empresas y organismos internacionales; el acceso igualitarios a los derechos, los servicios y la justicia; y la participación activa de las personas que viven en la pobreza. Contaremos con una herramienta esencial, el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

La mortalidad materna, los asentamientos precarios y las obligaciones de la empresas centrarán la primera etapa de esta campaña en la que llevaremos al centro del debate las vidas y las voces de los más desfavorecidos. Estmos seguros de contar con vuestro apoyo.

Exige Dignidad